El pasado sábado 2 de diciembre en la noche, decenas de miles de israelíes salieron a manifestarse en Tel Aviv y en diversas ciudades más del país, en protesta contra la reciente aprobación en primera lectura de una nueva ley a la que se denominó “Ley de recomendación”. La pieza legislativa en cuestión era una propuesta emanada de los círculos parlamentarios cercanos al primer ministro Netanyahu, en la que se establecía la prohibición de que los resultados y recomendaciones derivados de las investigaciones policiacas en casos relacionados con presuntos delitos de altos funcionarios del Estado, fueran dados a conocer al público. Se pretendía asimismo, que la ley, una vez aprobada, tuviera vigencia retroactiva, todo lo cual dio el mensaje claro de que se trataba de una maniobra hecha a la medida y destinada a proteger al primer ministro de las posibles consecuencias de las diversas investigaciones que sobre su persona se han estado realizando durante meses por temas de corrupción y tráfico de influencias, investigaciones de las que se espera pronto el resultado.
Al parecer, esa ley fue la gota que derramó el vaso de la inconformidad de buena parte de la sociedad israelí que resiente muchos de los retrocesos que en cuestión de prácticas democráticas se han dado en el país como resultado de nueve años consecutivos de gestión del actual primer ministro. Y es que la adicción al poder, tan común en mandatarios que permanecen en funciones por largo tiempo, también ha operado en este caso. Cada vez con más y más frecuencia se revelan síntomas claros de ello, basta observar con atención las diversas maniobras y piruetas protagonizadas por Netanyahu para mantenerse en el poder a toda costa.
En esta ocasión, sin embargo, la sociedad civil no solo registró con claridad de qué iba la cosa, sino que generó la energía para salir a protestar multitudinariamente a las calles tan sólo unos cuantos días después de que la citada ley fuera aprobada en primera lectura. El clamor popular fue tal que de inmediato Netanyahu se vio obligado a dar marcha atrás, anunciando que se posponen la discusión y votación de la ley programadas para las siguientes etapas en las sesiones parlamentarias, añadiendo también que se eliminará el tema de la retroactividad. La puntilla para esa controvertida legislación se presentó al día siguiente de las manifestaciones cuando la policía llamó a investigar al parlamentario David Bitán -precisamente uno de los dos activos promotores de la citada ley de marras- debido a acusaciones que lo implican en recibir sobornos de un personaje asociado con el crimen.
Este caso demuestra que si bien en múltiples ocasiones las maniobras sucias de los políticos logran sus objetivos y quedan impunes, las cosas pueden darse de distinta manera cuando existen condiciones estructurales en las que la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes aún funcionan, y cuando existe también una sociedad civil capaz de movilizarse y no permanecer pasiva ante los abusos del poder. Promover y/o preservar a como dé lugar esas condiciones es por tanto imprescindible para la construcción de unademocraciamás robusta y de mejor calidad.
Fuente: Excélsior, domingo 10 de diciembre de 2017
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